Durante varios meses, un hombre de 34 años intentó hacerse pasar por distintas autoridades judiciales para conseguir acceso a información reservada de las fuerzas de seguridad. Creó direcciones de correo electrónico falsas, utilizó identidades inexistentes y hasta presentó documentación con una supuesta firma de la jueza federal María Servini. La maniobra terminó cuando funcionarios del Servicio Penitenciario Federal detectaron irregularidades en sus solicitudes. El sospechoso fue detenido en Rosario y ahora los investigadores buscan determinar si actuaba por cuenta propia o si detrás de sus gestiones había una organización vinculada con el narcotráfico. El caso adquirió una dimensión mayor por la naturaleza de la información que pretendía conseguir. Su objetivo era ingresar al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una plataforma que concentra datos sobre medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos, entre ellas pedidos de captura. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el acusado nunca consiguió las credenciales que solicitaba. El hombre fue identificado por Rosario3 como Cristian Martínez, residente del barrio de Fisherton, donde fue detenido el 29 de septiembre. La Justicia federal le atribuyó los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz ordenó que permanezca bajo prisión preventiva durante 90 días. La investigación estuvo a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y del auxiliar fiscal Ignacio Falconi, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Ambos reconstruyeron una sucesión de comunicaciones enviadas entre noviembre de 2024 y julio de 2025 al Ministerio de Seguridad Nacional y al Servicio Penitenciario Federal. El error que dejó al descubierto al impostor La primera maniobra documentada ocurrió el 5 de noviembre de 2024. Desde una dirección electrónica que aparentaba pertenecer al Poder Judicial, el acusado solicitó al Ministerio de Seguridad las claves de acceso al Sifcop. El mensaje llevaba la firma de Julio Andrés Herrera, presentado como juez federal, aunque no existía ningún magistrado con esa identidad. La respuesta oficial no fue la que esperaba. Le indicaron que debía canalizar el pedido a través de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema. Lejos de abandonar el intento, dos semanas después envió una nueva comunicación desde otra dirección que imitaba el dominio utilizado por el máximo tribunal. Esta vez se presentó como responsable del área correspondiente. La estrategia cambió en julio de 2025. El sospechoso creó desde su domicilio una nueva cuenta electrónica que simulaba pertenecer a un juzgado federal y comenzó a intercambiar mensajes con el Servicio Penitenciario. Alegó la existencia de una investigación penal relacionada con el manejo irregular de información confidencial y volvió a reclamar acceso a la plataforma policial. El 3 de julio remitió dos correos con documentación adjunta que supuestamente llevaba la firma de María Servini. Pero la falsificación contenía una equivocación: presentaba a la magistrada como titular de un juzgado que no estaba bajo su responsabilidad. Según explicó Reynares Solari a LT8, había invocado el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, cuando Servini estaba a cargo del N°1. El intercambio continuó duran
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